Alejandro Sánchez Lopera y
Mónica Zuleta P.
"La batalla por el pensamiento
propio en Colombia"*
¿Por qué en
Colombia se ha privilegiado un modo conservador de
producción de conocimiento? Este ensayo sugiere una
respuesta a esa pregunta basada en un análisis
pragmático de los acontecimientos que motivaron los
giros de las concepciones de conocimiento durante la
primera década de funcionamiento del Programa de
Sociología de la Universidad Nacional de Colombia
(1959-1969), en los que tuvo incidencia fundamental la
apuesta académica, ética y política de Orlando Fals
Borda.
Introducción
En la primera década del
siglo XX se abrió espacio el movimiento filosófico “pragmatista”
inspirado por Charles S. Pierce en 1880. Sus características
principales fueron expuestas por William James en una serie de
conferencias pronunciadas en Boston en el Lowell Institute. Al
considerar que era la misma cosa explicar “los fenómenos más
bajos por los más altos” o “los más altos por los más bajos”,
James invitó a los oyentes a que dejaran de lado en sus
pesquisas tanto la pretensión racionalista como la empirista. En
cambio, les propuso orientar sus investigaciones de acuerdo con
la actitud a la que invoca la definición de la pragmática, y que
dice así: “para desarrollar el significado de un pensamiento
necesitamos determinar qué conducta es adecuada para producirlo:
tal conducta es para nosotros toda su significación” (Pierce, en
James, 1984: 47). Este ensayo se guía por esa actitud y,
mediante un ejemplo, analiza los mecanismos de acción puestos en
juego con miras a perpetuar el modo preponderante de producción
de conocimiento en el país.
Un fenómeno que a nuestro
juicio ha caracterizado la nación colombiana, es la ausencia de
límites entre la acción de la política y la de la guerra. Desde
el Movimiento de Independencia de la Nueva Granada, momento
cuando se dio el primer conflicto entre los grupos regentes por
conformar un sólo gobierno central o varios periféricos, las
posiciones en pugna se aliaron y entre ambas constituyeron un
mecanismo de conservación que les permitió la coexistencia. Éste
consistió en facilitar la intromisión permanente de los
intereses de pequeños grupos en la conformación del Estado y,
cuando uno de los grupos imponía su soberanía sobre los demás,
en propiciar querellas de índole militar. A partir de entonces,
tal mecanismo ha favorecido alianzas y combates entre fuerzas
“contrarias” tendientes tanto a obstaculizar la definición de
límites entre lo público y lo privado, como a variar los niveles
de intromisión estatal según los botines en juego. A este
mecanismo lo hemos denominado “amalgama entre la guerra y la
política”.
Además de convertir el
Estado en una máquina al servicio de intereses de grupos
privados, el citado mecanismo ha favorecido la preponderancia de
un modo de producción de conocimiento encaminado a privilegiar
versiones ilustradas de pensamiento colonial hispano-americano.
A nuestro juicio, dicho modo de producir conocimiento es afín
con el proceder estatal y, en consecuencia, refuerza la amalgama
entre la guerra y la política. Vamos a ejemplificar esta tesis a
través de un análisis pragmático sobre algunos de los sucesos
que tuvieron lugar durante la primera década de funcionamiento
de la Carrera de Sociología en la Universidad Nacional de
Colombia (1959-1969).
En 1948 fue asesinado el
líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, acontecimiento que generó un
gran estallido popular. En Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla
y Bucaramanga, las ciudades más grandes, también en las pequeñas
poblaciones y en el campo, multitudes enfurecidas buscaron
derrocar al gobierno conservador. Unos días después, el ejército
acalló a “las turbas”, especialmente en las ciudades, y “salvó
al gobierno”; pero la múltiple guerra entre conservadores y
liberales, liberales oficialistas contra gaitanistas, y todos
contra los comunistas, continuó en el campo. Este suceso
conocido con el nombre de la Violencia, favoreció el
establecimiento de la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla
en junio de 1953[1].
En 1956 los dirigentes
de los partidos Conservador y Liberal concertaron un “pacto de
caballeros” para derrocar la dictadura, cuyos resultados fueron,
en 1957, una Junta Militar que reemplazó a Rojas hasta agosto de
1958 y, por mandato de un Plebiscito, el Frente Nacional,
estrategia que dispuso el turno presidencial para las siguientes
cuatro elecciones y el reparto burocrático entre ambos partidos[2].
Esa concertación fortaleció la amalgama entre la guerra y la
política: con la anuencia del ejército, la ayuda franca de los
Estados Unidos y la alianza con excombatientes campesinos, los
dirigentes regionales y nacionales se propusieron aquietar los
restos de los grupos campesinos conservadores y liberales
enfrentados y disgregar a las guerrillas de la izquierda
revolucionaria[3].
Su acción capturó la estrategia guerrera y la introdujo en la
lógica del mecanismo estatal[4].
La Carrera de Sociología
tuvo entonces unas condiciones de origen fuertemente ancladas en
el fenómeno de la Violencia y en el Frente Nacional. Durante la
década de los sesenta realizó tres giros en sus propósitos, los
cuales analizamos a continuación: un momento
en que primó un conocimiento empírico
encaminado hacia el desarrollo; un segundo, que articuló el
empirismo con el pensamiento comprometido con las luchas
populares; finalmente, una etapa “intelectualista”, resultado de
la puesta en funcionamiento del mecanismo de la amalgama entre
la guerra y la política.
La
dirección empírica
La política de la Guerra
Fría de los Estados Unidos ideada por el presidente Truman y el
General Marshall después de la Segunda Guerra, se implementó en
Latinoamérica a través de la Doctrina de la Seguridad
Nacional. Esta doctrina propuso
soluciones militares como vía para aplacar iniciativas
revolucionarias[5].
Desde el comienzo de la dictadura en 1953 y a lo largo de la
década, las acciones militares se acompañaron de actividades
“cívicas” destinadas a resolver las problemáticas sociales
asimiladas como causas del fenómeno de la Violencia[6].
En 1961, tales acciones se integraron al programa de desarrollo
regional trazado por el presidente Kennedy y denominado
Alianza para el Progreso, el cual se encaminó hacia
la realización de proyectos de desarrollo
financiados parcialmente por organismos multilaterales. Además
de las cuestiones relacionadas con las políticas de “seguridad”
para la Región, sus propósitos buscaron acelerar los procesos
productivos y volverlos eficientes; igualmente, mediante la
racionalización institucional, el Programa propendió por mejorar
las condiciones de vida de poblaciones “subdesarrolladas”, así
como estimular el empleo de tecnologías “modernas”[7].
Al finalizar la década de
los años cincuenta fueron abiertas varias carreras de sociología
en las que imperó el concepto de desarrollo que dos años después
precisó la política de Alianza para el Progreso
(Arboleda, 1959: 13-21).
Uno de sus principales objetivos era formar un número suficiente
de profesionales y de expertos en los distintos países para que
ocupara los cargos demandados por las distintas entidades
públicas y los organismos multilaterales, ello con el ánimo de
hacer realidad tales ideas de desarrollo. El programa de la
Universidad Nacional se inscribió en esta tendencia regional y,
de acuerdo con el decano, Orlando Fals Borda, determinó como uno
de sus propósitos “la preparación de sociólogos profesionales”
dispuestos a llenar “la demanda... que de ellos se presentaba
dentro y fuera del país (…)”. Se contemplaron “cinco campos
especiales de estudios (...) Sociología de la administración
pública, el Programa de Acción, de la Educación, de la Industria
y de la Investigación” (1960).
El Departamento fue fundado
en 1959, anexo a la Facultad de Ciencias Económicas; un año
después se constituyó en facultad autónoma con el apoyo de
organizaciones como la Fundación Ford, la Unesco, la Fundación
Rockefeller y la Comisión Fullbright (Fals Borda, 1961). Su
decano también ocupaba el cargo de Director General del
Ministerio de Agricultura, “teniendo en cuenta la ayuda que el
Ministerio... ha prestado y puede prestar al Departamento” (Acta
de Comité Académico, 1960: 4). Además de la formación técnica,
profesional e investigativa, se le encomendó la tarea de
capacitar funcionarios de la administración pública (Ibíd.:
3)[8].
Durante estos primeros
años, la Facultad superpuso sus políticas con las
gubernamentales[9];
en consonancia con ello, también las intercaló en las demandas
de cooperar para la solución de las causas vinculadas al
fenómeno de la Violencia. Efectivamente y gracias a fondos
donados por La Fundación para la Paz y a los lazos con el
gobierno Liberal, fue encargada del análisis de la información
recolectada por la Comisión Investigadora de las Causas de la
Violencia, constituida a principios de 1958 para averiguar
las razones del suceso “que había ensangrentado al país desde el
decenio del cuarenta” y para identificar “secuelas sociales
dejadas por ella...” (Sánchez, 1987: 9)[10].
En 1962, la Facultad publicó el libro La Violencia en
Colombia, trabajo paradigmático acerca de la guerra[11].
La confluencia entre la demanda de participar en políticas
generales de desarrollo y la solicitud de “alcanzar las
soluciones para el problema de la violencia” en el país,
estimuló la emergencia en forma de contradicción, de una
ambivalencia que como tal, hacía parte de la razón de ser de la
Facultad (Guzmán y otros, 1986: 9, Tomo I). En los párrafos que
siguen vamos a analizar este proceder.
En Colombia es usual que el
momento de emergencia de este tipo de contradicciones se
acompañe de eventos ruidosos. Por ejemplo, el acuerdo
latinoamericano sobre la política de la Guerra Fría fue fruto de
un giro en el acontecer de la diplomacia, consecuencia del
asesinato de Gaitán. Efectivamente el día del crimen también se
celebraba en Bogotá la “IX Conferencia Interamericana de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU)”. Si bien el general
Marshall contaba con el apoyo de los gobiernos de Argentina,
Brasil y México, “los... grandes de la solidaridad americana”,
tenía reticencias de los delegados de otros países
(Palza, 1949: 42). Fue
entonces cuando asesinaron a Gaitán. En ese momento,
estaban “rodeando la mesa de conferencias”
los delegados de Estados Unidos, Argentina, México y Brasil, y
asistían los representantes de todos los países del continente.
“Milagrosamente” se salvaron de la multitud que protestaba y
“había comenzado a asaltar y destruir... los edificios públicos…
próximos al lugar” (Ibíd.: 13).
Días después, cuando fue reinstalada la Conferencia, se produjo
“la unanimidad panamericana que acaso los diplomáticos no
hubieran conseguido con la sola fuerza de sus discursos” (Ibíd.:
44)[12].
Algo similar sucedió en el
momento de la publicación del libro. Estimuló una reacción
inesperada frente a un texto científico, suceso muy raro en el
país, que dio pie a agresiones entre políticos liberales y
conservadores, así como a que opinaran en su contra toda suerte
de instancias, desde la Presidencia de la República hasta la
policía, pasando por el parlamento, la prensa, la iglesia, el
ejército y, claro, la academia[13].
Paulatinamente esta reacción distanció al equipo académico y a
los estudiantes de las instancias gubernamentales y sus
políticas (Salazar y otros, 1967: 27). A continuación
describimos lo que pasó.
Además de formar expertos,
la Facultad de Sociología tenía otros propósitos manifestados en
su política de investigación. En el discurso de inauguración, su
director hizo mención a tres asuntos que definían la filosofía
del programa: en primer lugar, la búsqueda de un conocimiento
autónomo que tomara distancia de la costumbre latinoamericana de
“sumar aparentes verdades encontradas en diferentes escuelas,
presumiendo que en esta forma perfecciona la explicación de los
fenómenos observados” (Fals Borda, 1959: 1); en segundo lugar,
la propuesta de encaminar el saber hacia el conocimiento de la
realidad nacional para “conocernos mejor, saber dónde estamos, a
dónde vamos y qué está sucediendo realmente en nuestro derredor”
(Ibíd.:6); finalmente, la aspiración de construir un
conocimiento útil “para ayudar a resolver los problemas
nacionales…” (Ibíd.). En suma, de acuerdo con su
director, “el nuevo Departamento de Sociología” pretendía
“formar una verdadera sociología nacional, una sociología
colombiana, basada en nuestros propios hechos, nutrida de
nuestra propia tierra, enfocada hacia nuestras sencillas
‘veredas’ y ciudades, dirigida hacia nuestros problemas y
dilemas” (Ibíd.).
Dado que La Violencia en
Colombia formó parte de la serie Monografías sociológicas,
en donde eran publicados los resultados de diversos estudios
promovidos por la Facultad, su impacto no sólo fue consecuencia
de la participación en la política de desarrollo, sino también
fue fruto de su participación en la política de investigación de
la Facultad[14].
Si bien el libro invitó a
que se acogieran componentes de los programas de desarrollo,
también advirtió que el conocimiento impulsado por esa política
solamente sería útil si se encauzaba a producir un saber que se
distanciara de “la intención de imponer desde el Estado...
ciertas pautas de conducta y filosofía de la acción que se
consideraban por una fracción… como esenciales para la salud del
país” (Fals Borda, 1959: 378)[15].
De igual modo, aunque reconoció como verdaderos ciertos juicios
de valor sobre el ‘atraso’ y la ‘ignorancia’ de la sociedad
campesina consignados en el programa de desarrollo, el libro
reveló un mundo complejo poblado de personajes a la vez
reactivos y autónomos, víctimas y rebeldes, salvajes y
autoorganizados, en donde “los grupos afectados... fueron
produciendo y moldeando... una nueva escala de valores... un
ensamble de valores encontrados y yuxtapuestos, de sincretismos
y hasta de contradicciones e indecisiones” (Guzmán y otros,
1986: 375)[16].
Y, finalmente, el libro desnudó algunos de los motivos de la
implantación del desarrollismo en el país, ligados a los
intereses de “las instituciones políticas”, las cuales “sin
cumplir sus finalidades expresadas”, “fueron eminentemente
efectivas... en otro sentido: en la imposición de la voluntad de
un grupo” (Ibíd.: 363)[17].
En síntesis, urgió por la necesidad de un conocimiento sobre la
especificidad de la realidad colombiana como requisito para
implementar cualquier política general de desarrollo.
Además de esta publicación,
hubo otros hechos que estimularon el enfrentamiento entre estas
dos direcciones. Así ocurrió, por ejemplo, con la presentación
que, en nombre de la Facultad, realizó el Capellán de la
Universidad, Padre Camilo Torres Restrepo, sociólogo y profesor,
en el “Congreso Latinoamericano de Sociología” en Buenos Aires
en 1961, y que fue publicada en el periódico El Tiempo.
En ella, el sacerdote citó las conclusiones de los estudios
realizados por distintas entidades gubernamentales como la ESAP,
el SENA, el Banco de la República, la Facultad de Sociología y
el Centro de Investigaciones de la Universidad Nacional y
advirtió sobre la necesidad “de... fundamentar los análisis
en... datos numéricos y objetivos” para evitar que “toda
afirmación que de ellos resulte” se preste “al diletantismo, a
la discusión vulgar de tipo periodístico o literario que no
conduce a ninguna evidencia” (Torres, 1961). Pero inmediatamente
incitó a los científicos al compromiso con la trasformación de
la sociedad y señaló que “un cambio social que permita un
desarrollo adecuado (es decir rápido y eficaz) es imposible en
Colombia sin un cambio fundamental de las estructuras
socioeconómicas...” (Ibíd.).
Podemos decir entonces, que
las políticas de desarrollo promovidas por el Estado y las de
investigación estimuladas por la Facultad, favorecieron una
forma ambivalente de producir conocimiento tendiente hacia el
modelo general de desarrollo y, a la vez, encaminada hacia el
conocimiento profundo de la sociedad. Tal situación
paulatinamente condujo al conflicto entre ambas posiciones y
empujó a la Facultad a concebir el desarrollo como
“trasformación profunda” en vez de en términos de “cambio rápido
y eficaz”.
La
dirección pragmática
La toma de partido por un
conocimiento dirigido hacia la transformación profunda de la
sociedad se manifestó más claramente a través de la actitud que
asumieron las directivas y profesores en relación con el
movimiento estudiantil. Esta actitud fue motivada por una serie
de disturbios de los estudiantes en rechazo a las medidas
punitivas que el gobierno había tomado para solucionar los
conflictos en otras entidades educativas[18].
Al conocer que el Consejo Académico de la Universidad iba a
sancionar esa participación con la cancelación de la matrícula
de algunos estudiantes, el Comité Académico de la Facultad
arguyó que, “ni en la Ley Orgánica de la Universidad…, ni en su
reglamento, ni en los reglamentos de las unidades docentes, se
consideran las actividades políticas de los estudiantes como
causa de censura o de exclusión…” (Acta No. 9, 1962)[19].
Tal declaración produjo reacciones de distintas instancias en
contra de la posición asumida por el decano y los profesores,
frente a las cuales ellos reafirmaron su postura a favor de los
estudiantes. Así, en varios comunicados a la Rectoría,
reiteraron su convencimiento de que en lugar de recurrir a
medidas punitivas, era menester apelar a actos pedagógicos
encauzados “hacia la formación integral del estudiante”, en los
que se admitiera “el derecho a disentir” y en donde los castigos
estuvieran antecedidos por “una investigación detallada de las
faltas y mediante el procedimiento de la más rigurosa justicia”
(Torres y otros, 1962)[20].
A pesar de todos los
esfuerzos por obtener una solución negociada, un acuerdo del
Consejo Académico reguló la participación estudiantil y,
mediante distintas sanciones, restringió la actividad política
en la Universidad[21].
También precipitó la salida de Camilo Torres de la Capellanía.
Efectivamente, frente a la actitud de la Facultad de Sociología
y por el apoyo que estaba dando al movimiento, se irritaron los
superiores eclesiásticos y, como consecuencia de un sermón del
sacerdote, el Arzobispo de Bogotá le envió una comunicación en
la cual le exigió “en vista de los últimos acontecimientos... en
la Universidad Nacional” su retiro “de toda actividad en la
mencionada universidad, ya sea como profesor o miembro de
cualquier Consejo” (Cardenal Concha, 1962: s/p). En dicho
sermón, el Padre Torres recordó la muerte violenta de varios
estudiantes durante la dictadura de Rojas Pinilla en 1954, y
afirmó que, “aunque algunos... sacrificados en las jornadas del
8 y 9 de junio no hubieran sido católicos”, por el hecho de que
habían vivido y muerto consecuentemente con sus creencias,
“podrían haberse salvado y por eso teníamos derecho a ofrecer
también la misa por ellos” (Torres en El Tiempo, 1962).
La asimilación de la situación actual de la Universidad con la
vivida durante la dictadura, no solamente fue hecha por el
sacerdote en su sermón, sino que fue el motivo de una de las
comunicaciones enviadas por los profesores de la Facultad a las
directivas. En ella “en vista a una plena realización de la
justicia”, se instigaba al Rector a solicitar a las autoridades
competentes agilizar “los procesos contra los responsables de
los atropellos cometidos a los estudiantes desde el 8 y 9 de
junio de 1954 hasta la fecha y que se informe sobre los
resultados” (Torres y otros, 1962, Op. cit.).
En 1960 fue creada en el
Congreso de la República la Comisión Nacional para la Reforma
Universitaria, entre otros asuntos, con miras a conformar
una mediación ante las dificultades permanentes afrontadas por
la rectoría y el gobierno nacional en el manejo del conflicto
estudiantil de la Universidad. Estaba constituida por
representantes de ambos partidos y del gobierno, así como por
delegados de la organización estudiantil, de los profesores y de
las directivas[22].
Sesionó en el Congreso durante tres años, al cabo de los cuales
fue expedida la Ley 65 que estableció un nuevo régimen orgánico
para la Universidad Nacional, donde se estipulaba lo siguiente:
“la Universidad es ajena a la política militante, pero como
instituto de amplia y desinteresada investigación científica, se
ocupa de todos los temas relacionados con la vida social y
política” (Ley 65, 1963, en Magnusson, Apéndice B: 269).
Por otra parte, la Ley 65
acogió un planteamiento circulante por distintos ámbitos
académicos y políticos del Continente, que señalaba a la
educación superior como la llave del desarrollo para los países
atrasados. Éste había sido esbozado por Rudolph Atcon,
funcionario de la Agencia Internacional para el Desarrollo
(AID), en un informe elaborado en 1961
y traducido y difundido en Latinoamérica en 1963. Entre
otras, señalaba: “el microcosmos de la universidad refleja
fielmente el macrocosmos de la sociedad en conjunto. Es, por
lo tanto, el mejor y más económico punto de partida para
cualquier cambio social” (Atcon, 1963: 20).
La lucha estudiantil se
radicalizó en contra de la Ley 65, especialmente en lo
concerniente a la cuestión de la restricción de la participación
de instancias distintas a la Rectoría en el proceso de toma de
decisiones de la Universidad[23].
Ello se manifestó en el “Tercer Congreso Universitario Nacional”
realizado en 1963, allí los líderes expresaron abiertamente su
inconformidad. En la ponencia central del evento señalaron que
las causas del subdesarrollo no se solucionaban “educando a un
pequeño grupo de científicos”, sino que dependían de cambios
estructurales “en el plano económico, político y social” de los
países (1963: s/p). Para tal efecto, subrayaron la necesidad de
convertir a la universidad pública en “universidad popular”, y
de encauzarla “al servicio de los intereses de nuestro pueblo”,
asunto que significaba constituir a la Universidad Nacional “en
la avanzada intelectual y cultural de las clases trabajadoras” (FUN,
1964: s/p).
Haciendo eco de estas
enunciaciones en el “Primer Congreso Nacional de Sociología”
realizado en 1963, el sacerdote Camilo Torres formuló un viraje
de la corriente sociológica que primaba en el país, de
“inspiración norteamericana al principio, complementada
posteriormente con influencias europeas” (1963: 57). Según su
perspectiva, el empirismo al que esta corriente estaba dando
lugar, corría “el peligro de consagrarse únicamente al estudio
de campo descuidando las generalizaciones” (Ibíd.). En su
análisis, el sacerdote advino en sociólogo y realizó un abordaje
novedoso del fenómeno de la Violencia que consideró “como
un factor de cambio social importante” (Ibíd.: 58).
Propuso, pues, otra manera de hacer ciencia, a nuestro juicio
muy cercana a los planteamientos de William James, en la cual se
distanciaba de un empirismo encauzado a recopilar información de
tipo diagnóstico, presto a servir a intervenciones mecanicistas
derivadas de los modelos del desarrollo y sustentadas en
argumentos sobre la falta, el error o la ignorancia. Optó en
cambio por dedicarse al análisis de las consecuencias.
Justamente, Camilo
Torres mostró que las luchas sociales de las zonas rurales del
país provocaron nuevas maneras de organización social en
beneficio de la autonomía del campesinado. Las conclusiones de
sus estudios señalaron que la Violencia había planteado
al campesino “nuevas necesidades y, con ellas, la imposición de
una división del trabajo y de una especialización...” (Torres,
1963: 62); también había favorecido otras formas migratorias, no
solamente a la ciudad sino también “entre las diversas
localidades campesinas” (Ibíd.). Igualmente había
estimulado el desarrollo de sistemas de comunicación variados en
los cuales, además de sus actividades militares, las fuerzas
armadas se habían convertido “en un conducto humano de
transmisión de noticias, de valores sociales, de formas de
conducta, establecido entre la ciudad y el campo y entre los
diversos vecindarios rurales” (Ibíd.: 65). De la misma
manera había configurado “una solidaridad... (que Marx llamaría
conciencia de clase)” que permitió que el campesinado se
constituyera en “un grupo de presión en la base... que... puede
llegar a ser importante en las transformaciones de las
estructuras sociales, políticas y económicas de Colombia” (Ibíd.:
66).
El discurso de apertura del
“VII Congreso Latinoamericano de Sociología” efectuado en Bogotá
en julio de 1964, fortaleció esa dirección. En calidad de
presidente, el sacerdote invitó a sustentar la inconformidad
estudiantil “con la ciencia y con la técnica y que si
profundizamos en cada una de nuestras ramas,… veremos los
defectos estructurales que imponen un cambio y que ese deseo de
cambio es el verdadero anticonformismo” (Torres, 1964). Acogió
la propuesta de los estudiantes dirigida a popularizar el
conocimiento, dado que a su juicio, mediante “los procedimientos
serenos y reflexivos” propuestos por las tesis consignadas en el
Informe Atcon era imposible alcanzar el cambio social (Ibíd.).
Presentó las premisas del Informe como “obstáculos sociales”
que, al no estar arraigadas en los sectores populares que eran
su “objeto”, estaban destinadas a favorecer intereses
particulares de los grupos dirigentes, cuestión que, dijo,
conduciría a una lucha de clases en Latinoamérica (Ibíd.).
En su intervención en el “II Congreso Internacional Pro Mundi
Vita”, el sacerdote sintetizó la problemática en los siguientes
términos:
A. En los países
subdesarrollados, los cambios de estructura no se producirán
sin presión de la clase popular. B. La revolución pacífica
está directamente determinada por la previsión de la clase
dirigente, ya que el deseo, por parte de ésta, es difícil de
lograr. C. La revolución violenta es una alternativa
bastante probable, por la dificultad de previsión que tienen
las clases dirigentes. (Torres, 1965: 43).
De modo que, la opción por
una ciencia “comprometida” con los sectores populares para la
transformación de la sociedad, tuvo diferencias sustanciales con
la definición común de ciencia objetiva. Efectivamente, se
distanció de la tendencia según la cual se suponía que la
descripción de los hechos era suficiente y necesaria para
explicar un fenómeno. Ello la apartó de la idea funcionalista de
desarrollo, y también de la racionalista, pero la mantuvo ligada
a ambas. Y en esa ambivalencia, desnudó la política
desarrollista y mostró algunos de sus componentes y de sus
motivaciones, de sus efectos, de sumisión y corrupción en las
fuerzas sociales que impactaba, y de potencia en las
resistencias que su acción provocaba. Esta ciencia comprometida
invitó al Estado, a los políticos, a otros científicos, a la
iglesia misma, a los estudiantes y a los profesores a participar
de esta actitud frente al conocimiento como camino para frenar
la revolución violenta que amenazaba con ocurrir, pero pocos
siguieron la invitación.
La
dirección intelectual
Además de la cuestión
referida al papel de la Universidad en el desarrollo, el
Informe Atcon planteó otra, concerniente a la función de la
educación privada y a los límites que era menester establecer
para el accionar de la universidad pública. Privilegió a la
educación privada bajo el supuesto de que
la universidad latinoamericana debía
“consolidar su autonomía y adquirir una porción mucho mayor de
independencia real”. Con tal meta en mente, sugirió como camino
para alcanzar esa preponderancia “transformar la universidad
estatal en una fundación privada…” (Atcon, 1963: 157)[24].
Algunas de las medidas
implementadas en la universidad pública entre 1963 y 1966,
destinadas a favorecer una política restringida de ingreso
apoyaron dicho planteamiento. No obstante, la decisión
gubernamental en pro de la universidad privada fue explícita
después de 1966 y acompasó la transformación de la Universidad
Nacional conocida como Reforma Patiño. Esta situación
influyó en la dirección del conocimiento seguida por la Facultad
de Sociología y motivó una serie de eventos conflictivos en su
interior.
El documento preparado
por el Ministerio de Educación Nacional con el apoyo de la
Unesco, El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF) y la AID, señaló el peligro que significaba para la
educación superior abrir el ingreso masivo a todos los
estudiantes de bachillerato (Misión de Planeamiento...,
1965: 22). Advertencia sustentada en dos tipos de argumentos
relacionados pero diferentes: el primero se refirió al problema
de la falta de calidad que suponía la masificación y que
convertía a las universidades “en un cajón de sastre en que se
pone cualquier categoría de estudiantes... entre los cuales hay
unos que no pueden asimilar los programas, de lo que resulta una
desagradable heterogeneidad de los egresados” (Ibíd.:
26). El segundo aludió a los peligros inherentes a los
movimientos estudiantiles, dado que los estudiantes “no sólo se
alzan contra las instituciones y los profesores públicos”,
sino... “hablan agresivamente de programas revolucionarios en
que exigen la ‘cogestión’, el ‘poder de decisión’, un derecho de
examen de los programas y hasta discuten la validez del
examinador y de sus fueros” (Ibíd.: 25).
La reforma universitaria
desarrollada entre 1964 y 1966 durante la rectoría de José Félix
Patiño, acopló esas dos preocupaciones y las enlazó. Se sustentó
en la premisa de que la estructura “eminentemente
tradicionalista..., con su organización obsoleta,... limitada en
recursos, desunida en su propósito” era “fácil presa de los
vaivenes políticos y... foco de frustración que deriva hacia la
agitación y el desorden” (Patiño, 1968: 15). Reconoció la
importancia de los llamados “estudios generales” que, unidos a
un proceso de departamentalización, proporcionaran “la formación
de un criterio académico integrado” en contra de los “estados o
feudos” que configuraban “una federación de facultades” (Ibíd.:
25). Igualmente, consideró a la Universidad “como a una gran
empresa”, y requirió administrarla con “el mismo nivel técnico
que cualquiera gran corporación en el ámbito nacional” (Ibíd.:
61). En resumidas cuentas, y teniendo como sus mentores al
Informe Atcon, a la Misión de Planeamiento de la Educación y
a la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), propició la
“racionalización” de la Universidad Nacional[25].
Varios de estos
planteamientos fueron la base para trazar las políticas
sobre educación superior en el país. Impactaron la definición
del Plan Básico de la Educación Superior destinado “a
mejorar la productividad de las unidades prestatarias de este
servicio educativo tanto desde el punto de vista de su extensión
como de su calidad” (1968: 8)[26].
También sirvieron como marco para “la constitución de un sistema
público de educación superior en donde participen por igual las
instituciones privadas y las oficiales”, lo que “corresponde a
una democracia…” (1968: 9-10). Finalmente, estimularon la
creación del Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior (Icfes)[27].
La constitución del
sistema público recogió casi al pie de la letra la sugerencia
del Informe Atcon, pero invertida: en lugar de
privatizar la educación pública, conformó una política pública
para la educación superior, en donde puso dentro de un mismo
saco a la privada y a la pública. Mediante esta operación y
apoyada por las directrices de Ascun, “la agremiación de
rectores” fundó un órgano regente, el Icfes, a través del cual
puso a marchar la nueva política hacia los derroteros del
Plan Básico. Al mismo tiempo, restringió el acceso masivo de
estudiantes a la educación “oficial” y privilegió ese acceso en
la privada que, como parte de su política “democrática”, también
subsidió. De forma premonitoria, Rafael Gutiérrez-Girardot
advirtió en 1965 los efectos de acoger esta dirección, pero lo
hizo en alemán en un libro latinoamericanista[28].
Entre otras, señaló:
3º La universidad
privada efectúa y fortalece en el ámbito social la
separación de las capas sociales (...) 4º... está sometida,
como toda empresa económica privada, a la ley de la oferta y
la demanda; en ella, por lo tanto, también la transmisión
del saber se somete a esta ley (...) 5º... debe renunciar a
la libertad de la enseñanza y de la investigación (…) 8º…,
la universidad privada es un obstáculo a toda planificación
estatal de la educación pública (…) 9º Un estricto control
del Estado sobre la educación privada si se realizara no
significaría de ningún modo que con ello se resolviera el
problema de la universidad privada (…) 10º El hecho de que
una universidad estatal trabaje ineficientemente no habla a
favor de la universidad privada (1989: 21).
El proceso de ejecución de
la Reforma Patiño propició una serie de acciones
tendientes a la modernización de la Universidad: por ejemplo,
mayor inversión estatal en docentes y en infraestructura,
participación docente y estudiantil en el gobierno
universitario, democratización, laicización de la enseñanza,
“racionalización administrativa”, etc. Pero trajo consigo un
excedente: dio su consentimiento para que la educación superior
fuera un negocio privado, eso sí, apartado de la enseñanza
oficial y entonces aceptó que la acción de la educación
“oficial” estuviera contenida en un pequeño espacio liberado de
la manipulación privada donde encerró a la Universidad Nacional.
En Sociología, el impacto
de esta reforma se manifestó en el re-encauzamiento de las
luchas estudiantiles y profesorales para impedir cualquier
expresión de las políticas de desarrollo, circunstancia que las
desvió de su anterior propósito encaminado a constituir una
ciencia comprometida que entregaría las llaves de las políticas
de desarrollo a los sectores populares. De modo que la práctica
de producción de conocimiento que actuaba gracias a la
supremacía de la idea de transformación social profunda sobre la
de desarrollo, pero las mantenía a ambas, suprimió
definitivamente la idea de desarrollo. Asumió, por ende, que el
pensamiento propio era resultado de una actividad puramente
intelectualista.
Las luchas estudiantiles
y profesorales se concentraron en la cuestión de alejar la
injerencia de fundaciones extranjeras en la financiación y en el
trazado de las perspectivas de conocimiento de los programas
académicos. El centro de estas discusiones fue el Programa
Latinoamericano de Estudios
Superiores del Desarrollo (Pledes),
puesto en marcha en la Facultad desde 1964 y patrocinado
principalmente con recursos de la Fundación Ford[29].
Según los estudiantes, “la falta de
autonomía académica” estaba obstaculizando que el ahora
Departamento de Sociología estableciera “una directriz de
acuerdo a las necesidades de la enseñanza e investigación
estrictamente sociológica” (Informe del Comité Estudiantil,
1968: 3)[30].
También sostenían que esta situación se manifestaba “en el
control que las fundaciones” ejercían “sobre los cursos de
pos-grado”, el cual escondía los intereses ocultos de “una
política de desintegración del pre-grado” dirigida hacia un
aprendizaje “en el pos-grado con el carácter ideológico que
ellas le” imprimían “por medio de su patrocinio” (Ibíd.).
Razones éstas por las que inquirieron “el rechazo de todo tipo
de ayuda de organismos extranjeros como la Fundación Ford” (Ibíd.:
5).
Las directivas de la
Universidad y del Departamento atendieron esta recomendación y
se propusieron estudiar los acuerdos existentes con las
fundaciones para que “ninguna de sus cláusulas desvirtuara o
disminuya la plena capacidad de las autoridades universitarias
de escoger y decidir sus programas y orientaciones” (Meléndez y
Latorre, 1968: 1). Para tales fines, constituyeron el Comité de
Reestructuración de Sociología, compuesto por representantes de
docentes y estudiantes, y dispuesto a luchar contra todos los
“condicionamientos implícitos o explícitos impuestos por
compromisos de asistencia técnica” (García y otros, 1969: 9)[31].
Acogiendo el argumento del Comité, el cual aducía la existencia
de un número suficiente de profesionales nacionales y
extranjeros “para garantizar un nivel docente adecuado en el
pregrado”, las directivas suspendieron el patrocinio de la
Fundación Ford y desmontaron el Pledes (Ibíd.)[32].
La disputa por la
perspectiva científica de la Carrera de Sociología tuvo otro
tipo de repercusiones. Los estudiantes y profesores aliados
llamaron a romper con “la práctica científica colonial” que,
según ellos, había caracterizado al programa durante sus
primeros años (en Boletín informativo sociología, 1970:
9-10). Afirmaron que dicha práctica descansaba en el empirismo
norteamericano y en resultados de investigaciones de carácter
“técnico” sobre casos particulares[33].
Bosquejaron como nuevo camino a seguir, asegurar el ingreso de
la ciencia mediante un mecanismo de enseñanza-aprendizaje
fundamentado en la lectura erudita de los clásicos[34].
El ahora Departamento de
Sociología había sufrido, pese a sus pocos años de existencia,
grandes conmociones en su interior, a nuestro juicio ocasionadas
por su ambivalencia reflejada en pro del desarrollo y en contra
de sus políticas. Quizás por ello, al finalizar los años sesenta
estaba siendo conducido hacia su encierro ilustrado. Para
entender la fuerza del conflicto es necesario hacer un
paréntesis en el relato.
Al igual que el rector
Patiño, el director del Pledes estaba convencido de que
la misión de la Universidad era “erradicar
el estancamiento económico” del país, asunto que demandaba
distanciarse de la “importación indiscriminada de teorías e
ideologías foráneas y exóticas” (Ratinoff, 1968: 80). Para
alcanzar su misión, era necesaria “la formación de sociólogos
del desarrollo” a través de una administración académica “en
torno a problemas y áreas institucionales”, lo que permitiría
“formar individuos capacitados para asesorar y para investigar
en forma moderna y científica los aspectos sociales de la
transformación de América Latina y de la planificación de su
desarrollo” (Ibíd.: 1968: 82-83). Como vimos, tal postura
no era la única imperante. La dirección de Orlando Fals Borda,
su decano hasta 1966, articuló la cuestión del desarrollo con el
problema de la revolución. Haciendo eco de la estrategia del
Pledes, mediante la conformación del equipo de
investigadores latinoamericanos y basándose en aspectos
contemplados por la técnica y la investigación, también propuso
constituir una sociología propia; la suya no buscaba convertir a
los graduados en asesores o en expertos, sino “trabajar por el
advenimiento de ese nuevo orden social” cuyos síntomas eran “la
realidad de la subversión moral y la potencialidad
revolucionaria” (Fals Borda, en Discurso Inaugural,
1967). Asimismo, esta actitud parecía ser la de muchos
estudiantes de la carrera, quienes habían optado por hacer parte
de la revolución[35].
Escrito en 1966, el libro
La Subversión en Colombia de Fals Borda permite entender
la diferencia entre estas dos posturas entroncadas. En el
prólogo, el autor hizo un homenaje a Camilo Torres, su compañero
en la Facultad de Sociología, quien como guerrillero había
muerto en un combate con el ejército en 1966. Reconoció,
primero, “la influencia intelectual y personal del Padre Torres”
como “el tipo de subversor moral, de los que abren trocha
nueva”, y, segundo, la contribución del sacerdote “para entender
el sentido de la época en que nos ha tocado vivir” (1967: XXII).
Al mismo tiempo, planteó la necesidad de realizar una sociología
latinoamericana a través de la implementación de programas de
estudios como el Pledes. Insistió en que:
Las diferencias con
el proceso actual de ‘modernización’, al que generalmente se
designa como ‘desarrollo’, son más de contenido que de
forma: 1) por el mayor énfasis que se concede hoy a la
planificación estadística y al control técnico, como
resultado de la acumulación científica; 2) por la naturaleza
de los grupos claves que juegan papel en la transición
industrial; 3) por la naturaleza de los valores y las normas
transmitidos en las situaciones de contacto y transición; y
4) por fenómenos relativamente nuevos, como el de la
‘estratificación internacional’ y las pautas de dominación y
dependencia en las relaciones económicas y políticas entre
los países modernos… Hubo desarrollo hasta en la sangrienta
y difícil etapa de la subversión socialista del presente
siglo, lo que puede verse no sólo a través de los índices
económicos y demográficos del período, sino también por el
esencial cambio en actitudes y valores experimentado por el
campesinado, todo lo cual dio origen a su nuevo orden
social. (Fals Borda, 1967: 42)
Tal fue “la práctica
colonial” que las postrimerías de la década pusieron en
discusión. El documento preparado por un grupo de profesores del
Departamento para el “IX Congreso Latinoamericano de Sociología”
realizado en México durante 1969, lo anunció así: “en la primera
etapa, de 1959 a 1968, la orientación de la enseñanza de la
Sociología era básicamente una orientación técnica. A partir de
1969 la enseñanza es sustancialmente científica” (Mesa y otros,
1970: 8-9). Según ellos, la “importación y traslado” de modelos
sólo había producido “nuevos técnicos que proveen diagnóstico y
estrategias para el cambio”, y “que otros, por lo general
extranjeros, utilizarán como auxiliares de investigación” (Ibíd.:
13). De tal manera, el grupo postuló que el conocimiento asumido
“como un elemento de soberanía” y “una fuerza intelectualmente
autónoma”, requiere de la “tarea de asimilar críticamente el
pensamiento sociológico mundial” (Ibíd.: 23-24).
Bajo el argumento de que la
dirección hacia el compromiso social estaba impregnada por las
ideas de desarrollo de la Alianza para el Progreso, el
movimiento de estudiantes y profesores ganó la batalla en favor
de un conocimiento “anticolonial”. Creó un espacio delimitado,
encerrado y “propio” en donde estimuló el “más puro”
conocimiento “intelectual”.
Conclusión
Vimos tres formas de
producción de conocimiento: una empírica, resultado del juego
ambivalente de dos direcciones opuestas pero compatibles. Por
las circunstancias en las que se manifestó esa forma empírica de
conocimiento, la ambivalencia rápidamente entró en conflicto y
urgió a una toma de posición que privilegió “la transformación
social profunda” sobre el “cambio rápido y eficaz” sugerido por
la Alianza para el Progreso. Ello desencadenó la segunda
forma de conocimiento, la pragmática, donde prevaleció el
compromiso social sobre el saber empírico, aunque mantuvo ambas
direcciones. Finalmente, las circunstancias vividas dieron lugar
a una tercera forma de producción de conocimiento, intelectual,
en donde a la demanda por el conocimiento propio, se le
interpuso la exigencia de abandonar la dirección del desarrollo.
También repasamos las
circunstancias que acompañaron la emergencia de las tres formas
de producción de conocimiento y que provocaron las
bifurcaciones. Las relaciones del Programa de Sociología con el
gobierno del Frente Nacional y el compromiso de “encontrar las
soluciones para la Violencia”, junto con el imperativo de
producir conocimiento científico, gestaron fuertes
contradicciones que provocaron distanciamientos entre la
Facultad y las políticas gubernamentales. Ello desencadenó la
toma de partido por un conocimiento tendiente a fortalecer los
movimientos populares.
Los hechos suscitados en
Latinoamérica asociados con la puesta en funcionamiento de la
Alianza para el Progreso y los modos particulares de
manifestación de los conflictos sociales en el país, demarcaron
nuevas rutas por donde encaminar las políticas de educación
superior. Justamente, al tiempo que los movimientos
estudiantiles y profesorales hacían la batalla para defender lo
propio, el mecanismo de “amalgamar la guerra y la política”
entró en acción dentro del ámbito del conflicto de la educación
superior. Allí amplió los límites para el ejercicio de lo
privado y redujo el operar de lo público.
Demarcados así ambos
espacios, el mecanismo encerró al conocimiento sociológico y
rompió sus relaciones con el país y la Región. Invitó a los
intelectuales, como vía para pensar la revolución, a utilizar
una nueva versión ilustrada del pensamiento colonial
hispano-americano. Ellos aceptaron.
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Notas
*
Este
ensayo es producto de la investigación de la línea
Socialización y violencia del IESCO, denominada
La acción de Camilo Torres y el Frente Unido en la
Colombia urbana de mediados del siglo XX, iniciada
en agosto de 2006. Está basado en el Fondo Documental
Orlando Fals Borda (1944-2002) que reside en el
Archivo Central y en el Archivo Satélite Facultad de
Ciencias Humanas, ambos de la Universidad Nacional de
Colombia (Bogotá). Agradecemos los comentarios y
sugerencias de Orlando Fals Borda, Gabriel Restrepo y
Gonzalo Cataño. Igualmente a Gabriel Escalante, Rodrigo
Ospina, Amanda Correa y Marta Serrano, encargados de los
archivos consultados.
Publicado
en Revista Nómadas No. 27, Octubre de 2007, pp. 124-141
[1]
La dictadura de Rojas Pinilla fue un suceso excepcional
en este país que se caracterizaba por su “civilismo”, a
diferencia de la mayoría de países latinoamericanos.
Como tal, ha sido objeto de varias investigaciones (Cf.
Sánchez, 1985).
[2] El Frente
Nacional aparentemente logró articular a las
distintas fracciones en pugna. No ocurrió lo mismo con
las guerrillas comunistas que estaban conformándose en
el Tolima. Tampoco con las guerrillas liberales del
Llano (Cf. Buenaventura, 1990).
[3] Se aduce que
una de las razones para la caída de la dictadura fue la
alta represión militar en zonas de conflicto como
Villarrica a mediados de los cincuenta (Cf. Pizarro,
1991: 118-133). Más adelante, en 1964, vendría el
bombardeo a las Repúblicas Independientes como
Marquetalia que, según historiadores de este periodo,
fue lo que fomentó el fortalecimiento de las guerrillas
de izquierda como las FARC (Cf. Gilhodés, 1995).
[4] Manejamos aquí
una hipótesis que no podemos desarrollar por las
características del texto, que supone que la guerra de
guerrillas fue fomentada por los dos partidos políticos
tradicionales como estrategia para mantener su pacto
(Cf. Zuleta y Daza, 2004).
[5] Pierre Gilhodés
desarrolla hipótesis novedosas al respecto (1985-1986:
239-260).
[6] El Decreto 1761
de 1959 crea la División de Acción Comunal. En el
artículo 7 dice: “La división de acción comunal
procederá a acelerar acuerdos con las universidades
oficiales y privadas y con otros establecimientos
idóneos, a fin de organizar cursos encaminados y
capacitar para la labor comunal que les señala este
decreto” (1970: 18).
[7] En palabras de
Gonzalo Cataño, “la afinidad entre las políticas
impulsadas por el Estado y las facultades de sociología
también se manifestó en el concepto de cambio social
promovido por estas últimas... se afirmaba que la
sociología como ciencia pura “trata de entender la
organización y la estructura de la sociedad, así como
los procesos mediante los cuales se opera el cambio
social y cultural” pero, “como ciencia aplicada, va
indicando el camino para alcanzar tales cambios con un
mínimo de traumas”. (1997:33).
[8] El Acta de
Comité Académico No. 12, de mayo 30 de 1960, dice:
“Beneficia al Departamento por muchos factores uno de
los cuales es que la labor que él realiza en el
Ministerio de Agricultura -labor concretizada en la
reorganización de dicho ministerio y en la preparación
de ciertos proyectos de ley referentes a la Reforma
Agraria- podría determinar en la opinión pública la
manera como un sociólogo puede contribuir a la
Administración Pública. El Padre Torres agrega a este
respecto que, la vinculación de la Universidad a la
administración pública es exigida por el hecho de que la
Universidad, en cualquiera de sus aspectos está para
servir al país, y que por lo tanto no se le puede negar
en estos momentos a la Administración pública la
colaboración del Dr. Fals ” (p. 4).
[9] El Informe
sobre el Primer Seminario Interuniversitario de
Desarrollo de la Comunidad, presentado al Consejo
Académico de la Universidad por Camilo Torres, dice así:
“Además de la obligación legal que le impone a las
universidades colombianas el Decreto 1761..., la
Universidad por su índole misma tiene obligación de
contribuir a dichos programas. Toda universidad debe
preocuparse por el entrenamiento de sus alumnos, por la
investigación científica y por la práctica experimental;
y no de cualquier manera sino en conexión directa con la
realidad nacional.” (Camilo Torres, 1960: s/p).
[10] “La Comisión
Investigadora de las Causas Actuales de la Violencia fue
creada por el Decreto 0942 del 27 de mayo de 1958...
Estuvo integrada, entre otros, por Otto Morales, Absalón
Fernández de Soto, los generales Ernesto Caicedo López y
Hernando Mora Angueira y los sacerdotes Favio Martínez y
Germán Guzmán” (Guzmán et al., 1962:15). La Fundación
para la Paz era presidida por Emilio Urrea ex-tesorero
del Partido Liberal. En el Acta No. 6 del 14 de marzo de
1961 de la Facultad se señala: “en cuanto a la
financiación para este trabajo el Padre Torres manifestó
que la Fundación para la Paz tenía dispuesto $90.000
para este trabajo... En cuanto a la recopilación
histórica del Padre Guzmán se acordó publicarla
complementándola con una interpretación sociológica”
(1961: 4).
[11] Los dos tomos
del libro han sido considerados lo más importante
escrito sobre La Violencia en Colombia. La última
edición del libro data del año 2005 y la hizo Taurus.
[12] Además de la
crónica citada, elaborada por el delegado de Bolivia
ante la ONU que fue publicada en Buenos Aires, está la
de Eliseo Martínez Zelada publicada en México en 1949.
[13] En la
publicación del segundo tomo de La violencia en
Colombia, Fals Borda, en diciembre de 1963, hizo una
introducción donde detalla estos avatares (Cf. Fals
Borda, cit. en Guzmán et al., 1986: 9-52). Como ejemplo
de lo anterior, el coronel Bernardo Camacho Leyva en la
editorial del número 95, de la Revista Policía
Nacional de Colombia, refiriéndose al libro, dice:
“Se trata de la acusación clara y decidida que sindica a
las Fuerzas Armadas, Ejército y Policía, como los
iniciadores de la violencia y sus principales
impulsadores...” (septiembre-octubre de 1962). En la
misma revista, el sacerdote jesuita Miguel Angel
González, en un artículo que también fue publicado en
varios medios, señala que “se ha analizado las
características científicas del libro..., una
investigación sociológica para que sea verdadera, además
de ser auténticamente científica, debe ser ante
todo moralmente justa, útil para un fin honesto, y
constructiva, en relación al bien particular o al
bien común de la sociedad. ¿Sería posible afirmar,
sincera y cristianamente, que el libro comentado reúne
estas cualidades? Ciertamente no” (1962:103).
[14] Otros libros
publicados por la serie Monografías Sociológicas, entre
1959 y 1962, son los siguientes: Francois Houtart, La
Mentalidad religiosa y su evolución en las ciudades;
Orlando Fals, La Teoría y la Realidad del cambio
sociocultural en Colombia; Lynn Smith, Sociología
Rural. La Comunidad y la Reforma Agraria, Juan
Friede, Los gérmenes de la emancipación americana del
siglo XVI; Roberto Pineda, El Impacto de la
Violencia en El Tolima: el caso de El Líbano;
Virginia Gutiérrez, La medicina popular en Colombia;
Camilo Torres, La proletarización de Bogotá;
Orlando Fals Borda, Campesinos de los Andes. Estudio
Sociológico de Saucío y La transformación de
América Latina y sus implicaciones sociales y económicas;
Orlando Fals, La educación en Colombia. Bases para su
interpretación sociológica; Germán Guzmán, Eduardo
Umaña Luna y Orlando Fals, La Violencia en Colombia.
[15] Dice Orlando
Fals Borda en la Introducción: “Aún así quedaba por
hacer un trabajo sistemático de síntesis sobre la
violencia que sirviera no solo como documental
histórico-político del disolvente proceso para
escarmiento de las presentes y futuras generaciones de
colombianos, sino como documentación empírica de un
proceso de desintegración y reorganización social que en
muy pocos países del mundo se ha desarrollado con la
intensidad y acerbidad del nuestro. Con este fin la
Fundación de la Paz comisionó a la Facultad de
Sociología de la Universidad Nacional para que hiciera
un primer intento fruto del cual es la presente
monografía” (1986: 16, Tomo I).
[16] Guzmán y sus
colegas señalan que “en el inmenso conglomerado bajo y
medio, rural y urbano, [estaba] naciendo y creciendo una
conciencia nueva poderosamente orientada hacia lo
social...” (Ibíd.: 267).
[17] En el libro se
señalaba la necesidad de “crear de nuevo en los
colombianos ‘un pensamiento, un interés y una voluntad
de nación’...” (Guzmán et al., 1986:442, Tomo II).
Asimismo, construir una conciencia histórica campesina
“porque mientras de ella carezca [el campesino] será
horda con todas las regresiones de la horda.” (Ibíd.:
442). Finalmente, transformar la fuerza destructora del
campesinado en “una causa grande más poderosa que sus
disculpas para el crimen..., un motor; un tractor,
medios para realizar un programa planeado de
producción...” (Ibíd.: 450 y 451).
[18] En solidaridad
con el conflicto de mayo en la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Tunja y la ocupación de la fuerza pública
en algunos colegios estatales de Barranquilla, se
realizó una marcha el 6 de junio de 1962 de los Consejos
Superiores Estudiantiles de la Universidad Nacional, la
Universidad Externado de Colombia, de la Universidad
Libre y de la Universidad Distrital, que desembocó en
enfrentamientos con la fuerza pública. En estos
disturbios resultaron afectados el Palacio Cardenalicio,
el diario El Tiempo y el Instituto Colombo Americano, en
el centro de Bogotá. (Cf. El Tiempo, 5, 6
y 7 de junio de 1962).
[19]
Como respuesta a este comunicado, en un
Acta del Consejo Académico, directivos de la Universidad
expusieron lo siguiente: “Que un decano haga eco de
ineptas acusaciones que imputan a quienes quieren
mantener la disciplina motivos políticos es no solamente
faltar a la verdad sino una demostración de deslealtad
con sus superiores y colegas en el Consejo Académico… La
ideología es una cosa, y otra cosa son las tácticas
usadas para imponer dicha ideología a otros. Las
ideologías, las doctrinas y las filosofías políticas
encuentran mucha libertad de expresión en la
Universidad. Pero cuando estos métodos violentos se
ponen en práctica, es elemental que el Estado o
cualquier otra institución de orden y legalidad actúe
para preservarse ella misma de la anarquía y la
disolución” (Acta No. 31 del Consejo Académico, 1962).
[20]
Unos días después, se dictó la
Resolución Rectoral que habilitó a cancelar la matrícula
de un grupo de estudiantes, aduciendo su participación
directa en esos disturbios. El 14 de junio hubo una
visita a la Rectoría de un grupo de profesores de la
Facultad en la que se le solicitó al Rector reconsiderar
la decisión (Acta de la visita de profesores del 14 de
junio). Ese mismo día, el Rector reitera su intención de
renunciar si no cuenta “con el completo apoyo de los
directores” (Resolución del 14 de junio de 1962). El 16
de junio el Decano de la Facultad fue acusado de
desacato por otros decanos en el Consejo Académico. El
19 de junio, responde el Decano en una carta en la que
distanciándose de los ataques personales contra su
formación científica y orientación religiosa, afirma que
su posición no constituye un desacato sino una
“disparidad de criterio”.
[21] Acuerdo 62 de
1962, artículo 3º: “Para ser elegido miembro del Consejo
Estudiantil se requiere: a) Llevar los cursos académicos
completos. b) Pertenecer al curso para cuya
representación se postula y c) No haber sido sancionado
por faltas graves contra la disciplina o el orden
universitario... (1962: 26) Artículo 7º: “la Asamblea
Estudiantil no tiene atribuciones de mando ni gobierno
en el régimen de la Universidad ni podrá constituir
organismos estatutarios distintos a los reconocidos por
la Ley” (Ibíd.: 27).
[22] “La Comisión
fue creada por iniciativa del Presidente de la Cámara de
Representantes, constituida por Representantes de todas
las tendencias parlamentarias, para sugerir nuevas
medidas legales para la Universidad. Y por idéntica
propuesta suya, se invitó al Ministro de Educación, a
personeros de la Conciliatura, del Consejo Académico,...
del Consejo Superior Estudiantil...” (ASCUN: 100) Según
lo señaló el Presidente de ASCUN, Jaime Posada, su
propósito fue “buscarle
solución al movimiento de la Universidad Nacional, en
agosto del año pasado. Y se logró” (Ibíd.).
[23] La Federación
Universitaria Nacional (FUN) que en buena parte
congregaba anteriores intentos de agremiaciones
estudiantiles como, por ejemplo, la Federación de
Estudiantes Colombianos (FEC), la Federación de
Universitarios Colombianos (FUC) y la Unión Nacional de
Estudiantes Colombianos (UNEC), declaró en contra de la
Ley 65, lo siguiente: “Objetivos inmediatos de la
Federación Universitaria Nacional: 1º Luchar por el
fortalecimiento de la universidad oficial como un paso a
la nacionalización gradual (...) 4º Darle prioridad en
la lucha estudiantil a la consecución de autonomía
económica para las universidades oficiales mediante la
dotación de rentas propias por parte del Estado...”
(FUN, 1964: s/p).
[24] En palabras de
Atcon: “Por lógica, esto
también implica una posición de neutralidad política. La
universidad no puede permitirse seguir siendo la enemiga
declarada de cualquier autoridad gubernamental
constituida. Por más justificada que esta actitud
hubiera estado en el pasado, su continuación no dejaría
de ser detrimental para el país. Además, neutralidad no
disminuir en la Universidad, ni el entusiasmo ni la
preocupación, ni el interés, por estudiar y contribuir a
la solución objetiva de problemas nacionales, que
demandan una solución imparcial y cuya resolución
beneficiaría a toda la comunidad. Implica solamente el
prescindir de una arraigada actitud de hostilidad al
gobierno sin tener en cuenta la composición de este, y
el poner fin al empleo de la universidad como plataforma
política o como resorte de la política partidista”
(1963: 68).
[25] ASCUN había
sido fundada el 5 de mayo de 1957, cuando “algunos
rectores de Bogotá: Monseñor José Vicente Castro Silva,
Jaime Posada, el Padre Ortiz Restrepo, Ricardo
Hinestrosa Daza... y Jaime Posada con la vivacidad y
audacia intelectual que lo caracterizan, planteó la
urgencia de que ese aglutinante fuera el germen de una
comunidad universitaria” (Consejo Nacional de Rectores,
1965: 65).
[26]
De acuerdo con el Informe del Plan Básico: “en mayo de
1966, la Universidad de California invitó a seis
educadores colombianos a participar en un programa de
trabajo en su recinto..., bajo la dirección de George
Feliz... La Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional AID, financió los gastos de la
Misión Asesora de la Universidad de California, a
petición del Fondo Universitario Nacional” (Plan Básico
de la Educación Superior, 1968:5).
[27]
Desde 1958, el Decreto No. 0251 estableció como objetivo
del Fondo Universitario Nacional (FUN), entidad
gubernamental “atender el sostenimiento y funcionamiento
de la Asociación Colombiana de Universidades”, que es
una agremiación (ASCUN, 1984:87); asimismo ,el decreto
0252, del mismo año, estipuló en su primer artículo,
como una de las funciones de ASCUN, “la inspección y
vigilancia en las universidades que hoy ejerce el
Ministerio de Educación Nacional...” (Ibíd.: 84).
Basado en lo señalado en el Plan Básico respecto de la
necesidad de fortalecer las decisiones del FUN, y su
sugerencia de iniciar ese fortalecimiento con “una
integración o íntima coordinación de las secciones
respectivas del Ministerio de Educación y del Fondo
Universitario Nacional para poder sentar normas de
aplicación común” se fundó en 1968 el ICFES. (Plan
Básico..., 1968:337).
[28] El ensayo de
Rafael Gutiérrez Girardot fue publicado en alemán en el
libro Grundzûge des lateinamerikanischen
Hochschulesens. Eine Einfûhrung in seine Probleme,
compilado por Hanns-Albert Steger (1965), y en español
en la recopilación que realizaron Juan Guillermo Gómez y
José Hernán Castilla (1989).
[29] “Una vez
analizada la situación presupuestal de la Facultad
aparece claro que un Programa como el postgrado sólo
puede realizarse, en esta etapa, con ayudas extranjeras.
Así se está realizando, con la Fundación Ford. Los
dineros que aporta la Fundación, por ley, los administra
la Universidad. Las condiciones de operancia son
amplias: la Ford no interviene en ninguna de las
programaciones del Postgrado ni cuenta con representante
alguno en su estamento directivo” (Informe Comité de
Estudio, 1965: 7).
[30]
La Facultad de Sociología, como departamento de la
Facultad de ciencias humanas. “La estructura académica y
administrativa de la Facultad data de la reforma de
1965, mediante la cual las facultades de ciencias, artes
y ciencias humanas se definieron como facultades de
ciencias básicas o estudios generales, frente a las
facultades de ciencias de la salud, ciencias
agropecuarias, derecho e ingeniería, que se definen como
facultades profesionales” (Boletín Informativo, 1979:3).
[31]
“En diciembre de 1968, el Rector nombró un Comité Ad-hoc,
compuesto por los profesores Bernardo Garcia, Jaime
Jaramillo Uribe y Darío Mesa y los estudiantes Juan
Diego García, Francisco Avella y Rafael Bermúdez. Se le
asignó la tarea de sentar las bases de la
reestructuración del Departamento de Sociología. “En ese
momento no quedaban sino dos profesores en el
Departamento y la sensación general era que Sociología
se iba a acabar…” (Hésper Pérez, 1969: 2).
[32] “Con la
suspensión de la ayuda de la Fundación Ford quedó
definida la suspensión del programa de post-grado. Como
varios estudiantes de este nivel conservaron claros
derechos de continuación de sus estudios, la Universidad
tiene que garantizárselos. Por lo tanto, fue preciso
buscar una fórmula que permitiese a dichos estudiantes
completar sus cursos. El Comité Ad-Hoc encontró que esto
era posible en el Centro de Investigaciones del
Desarrollo –CID– y recomendó que se reglamentase la
equivalencia entre tres seminarios de post-grado con
veinte horas semanales de investigación en el CID,
durante un semestre” (Hésper Pérez, Op. cit.: 5).
[33] Textualmente
dicen: “La dependencia cultural respecto a los EEUU,
manifiesta en los diferentes concepciones sobre el
subdesarrollo, los trabajos al azar de ´casos´
monográficos y el lenguaje confuso y esotérico de una
´jerga´ tradicional de sociología mal ´importada´
(trabajos en donde las categorías de las diferentes
corrientes se confunden), constituye una deformación
sufrida por los primeros profesionales de Ciencias
Sociales en América Latina” (Boletín Informativo
Sociología, 1969: 9).
[34] De acuerdo con
el Manifiesto De Los Estudiantes De Ciencias Humanas
A Los Estudiantes De La Universidad Nacional,
predominaba hasta entonces en el Departamento de
Sociología “una enseñanza descriptiva que se combina con
un operacionalismo abstracto es el resultado de la
influencia tecnocrática del empirismo norteamericano”
(noviembre de 1968).
[35]
Según la ponencia de María Cristina Salazar y otros,
presentada al “Segundo Congreso Nacional de Sociología”
realizado en Bogotá en agosto de 1967: “Al comparar los
grupos de licenciados y egresados y cursantes en
términos de la concepción de la sociología como medio de
acción, nos encontramos que los primeros afirman que una
de sus preocupaciones más importantes es el cambio
social. Manifestando además un gran interés en los
grupos políticos radicales, tanto extremos como
moderados, afirmando en un 60.0% que su uniría a tales
grupos en un futuro, mientras en la actualidad un 45.0%
se define como revolucionario” (1967: 21).
[Fuente:
Publicado originalmente en Revista Nómadas No. 27, Octubre de
2007, pp. 124-141]
© José Luis Gómez-Martínez
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